Como ya hemos comentado en otras ocasiones en este blog, la estabilidad y solvencia del sistema bancario es fundamental para la reactivación económica, ya que los bancos son los intermediarios de los flujos financieros que facilitan el crédito necesario para que el sistema funcione.
En la actualidad algunas entidades financieras presentan problemas de solvencia como consecuencia de los activos tóxicos presentes en sus balances, fundamentalmente créditos a promotores y constructores en España y cierta deuda soberana en otros países. Activos que se consideran tóxicos por haber sido producto de impagos o presentar elevado riesgo al mismo.
El problema es que estos activos valen menos que su precio contabilizado en los balances de la entidades y el afloramiento de esas pérdidas se deben compensar con el capital de la entidad reduciéndolo y poniendo en peligro su solvencia radicando aquí el riesgo de quiebra de las entidades financieras. La discusión se ha centrado en numerosas ocasiones en la posibilidad de dejarlas quebrar o sostenerlas mediante ayudas públicas, surgiendo el problema del riesgo moral que implica la privatización de beneficios por la banca pero la socialización de las pérdidas (coste a cargo del ciudadano) cuando las cosas se tuercen.
Una de las fórmulas propuestas para evitar la quiebra bancaria es la constitución de un “banco malo” que compre los activos tóxicos de las entidades para sanearlas. Esta adquisición plantea ciertos problemas, como el precio que se debería desembolsar por dichos activos y la forma de pago de los mismos.
Una de las fórmulas propuestas para evitar la quiebra bancaria es la constitución de un “banco malo” que compre los activos tóxicos de las entidades para sanearlas. Esta adquisición plantea ciertos problemas, como el precio que se debería desembolsar por dichos activos y la forma de pago de los mismos.
El precio es un factor esencial en el sentido de determinar las pérdidas que aflorarían en el sistema en función de su valor contable, lógicamente a menor precio mayores pérdidas, pero mayor facilidad de obtención de beneficios por el banco malo en la venta de los activos adquiridos, ocurriendo todo lo contrario en el caso de que la venta fuera a precios elevados. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las entidades ya han contabilizado parte de estas pérdidas de acuerdo con la normativa del Banco de España (BdE)(Análisis del impacto delos cambios introducidos en el anejo IX de la circular 4/2004 del Banco deEspaña), por lo que las pérdidas generadas ya estarían provisionadas en gran medida. Según los datos del BdE (Informe deEstabilidad Financiera 11/2011), en junio de 2011 la exposición problemática vinculada a la actividad inmobiliaria era de 176.000 millones, estando ya provisionada por las entidades en un 33%.
En lo que se refiere al pago de los activos, este se podría realizar en efectivo, sin embargo el Estado no dispone de fondos para efectuar ese desembolso y la posibilidad de que el FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) contribuya proporcionando fondos al Estado para esto fin parece poco probable. Dada la situación actual, el Estado no puede acceder a los mercados emitiendo deuda para obtener caja con que hacer efectivo el pago de dichos activos, por lo que la solución barajada ha sido el pago de los activos con deuda del Estado. En este caso habría que tener muy en cuenta el tipo de interés pactado de esa deuda, ya que a los precios de mercado actuales podría hacer inviable la operación.
La ventaja para el Estado radica en no tener que realizar desembolsos, aunque aumenta el importe de deuda total pudiendo influir sobre la prima de riesgo. Para las entidades supone no contar con efectivo, pero los activos serían de mayor calidad sin consumir o consumiendo un capital mínimo y además podrían acudir a solicitar fondos al BCE aportando dicha deuda como colateral (garantía).
El banco malo, debido a la situación económica general no podría desprenderse de estos activos inmediatamente, sino que tendría que esperar un tiempo para poder venderlos generando plusvalías y por tanto un beneficio para el contribuyente. A su vez el mantenimiento de estos activos, fundamentalmente inmuebles, conllevaría aparejados unos gastos de gestión que reducirían los beneficios generados.
La cuestión planteada es si la creación del “banco malo” realmente permitiría incrementar el crédito reactivando la economía, generando confianza sobre la solvencia de las entidades financieras y descartando la posibilidad de mayores intervenciones por parte del Estado y por tanto evitando mayores desequilibrios presupuestarios e incremento de deuda.
Estupendo artículo, aunque soy de letras y me pierdo un poco.
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